Autora: Dra. Cécile Zakine, Doctora en Derecho
Fecha: 05/12/2024
En la era digital actual, donde la inteligencia artificial (IA) y la videovigilancia son parte integral de nuestra vida diaria, la cuestión de la protección de los datos personales se vuelve primordial, especialmente cuando se trata de filmar en espacios públicos. Como doctor en derecho, me gustaría abordar esta compleja cuestión desde la perspectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El RGPD, un reglamento europeo, impone directrices estrictas respecto a la tratamiento de datos personales. Estas directrices son especialmente relevantes en el contexto del uso de cámaras de vigilancia por parte de empresas de transporte u otras entidades públicas. ¿Su objetivo? Garantizar la seguridad y prevenir incidentes. Sin embargo, estas acciones plantean importantes cuestiones jurídicas relacionadas con la privacidad individual.
Es fundamental reconocer que captar imágenes en espacios públicos mediante cámaras de vigilancia no es un paso trivial. Requiere una base jurídica sólida, justificada por un interés legítimo, una misión de interés público o el consentimiento explícito de las personas filmadas. En ausencia de tales justificaciones, dichas prácticas podrían considerarse ilegales según el RGPD..
La tecnología, especialmente la IA, ofrece inmensas posibilidades para mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte público. Sin embargo, su utilización debe realizarse de forma responsable y conforme al marco jurídico vigente. Esto implica una evaluación rigurosa de los riesgos y beneficios, teniendo en cuenta los derechos y libertades de las personas.
Como profesionales del derecho, nos enfrentamos a un desafío importante: equilibrar la innovación tecnológica con el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es imperativo garantizar que cualquier uso de videovigilancia en espacios públicos cumpla no sólo con el RGPD sino también con las expectativas razonables de privacidad.
Ante esta complejidad es fundamental no sacar conclusiones apresuradas. Cada situación es única y requiere un análisis jurídico profundo. Por este motivo, recomiendo encarecidamente que las entidades afectadas consulten con un abogado especialista en derecho de protección de datos para obtener asesoramiento adaptado a su caso específico.
En conclusión, la integración de la IA y la videovigilancia en los espacios públicos debe abordarse con cautela y responsabilidad. El RGPD proporciona un marco para proteger los derechos de las personas, pero su implementación adecuada requiere experiencia legal avanzada. Consultar a un abogado especialista es por tanto un paso esencial para cualquier entidad que considere implementar dichas tecnologías.